8: Contaminación en niveles no perjudiciales

El incremento de la población a nivel nacional y la migración hacia zonas urbanas, la demanda creciente de materiales y energía hacia las urbes, sumado a los procesos aún débiles de ordenamiento territorial, ha acrecentado el deterioro de recursos naturales como el suelo (por la erosión y contaminación con sustancias químicas, hidrocarburos, etc.) el agua de los ríos (con agroquímicos, descargas industriales, desechos urbanos, sedimentos, hidrocarburos, metales pesados, mercurio, compuestos cianurados), el aire (por emisiones de la industria y quema de gas natural), el bosque natural (por la pérdida de cobertura vegetal natural, deterioro de fuentes de agua, erosión del suelo, disminución de la diversidad biológica, deterioro de servicios ambientales) etc. El enfoque rentista de las actividades productivas ha ocasionado el deterioro ambiental de importantes sectores del territorio nacional como, por ejemplo, la cuenca alta y baja del Río Esmeraldas, la cuenca del Guayas, la cuenca del Chone, del Portoviejo, del Naranjal, las cuencas bajas del Aguarico y del Napo, la cuenca alta y media del Pastaza y la cuenca alta y baja del Puyango por contaminación con mercurio (Hg) y desechos orgánicos de granjas, principalmente de la frontera con Perú (del Catamayo y del Zamora). Lo anterior ha estado acompañado de una serie de complejos y casi permanentes conflictos sociales, puesto que, a una gran parte de la población, de las zonas donde se extraen los recursos, no se han beneficiado económicamente ni se han mejorado sus servicios básicos, sino que por el contrario casi exclusivamente se han visto afectados por el deterioro de su entorno natural (MAE, 2016).

En la actividad hidrocarburífera, las afectaciones ambientales están asociadas directamente a malas prácticas desarrolladas especialmente en la región amazónica; entre éstas se encuentran derrames sin una remediación adecuada, así como construcciones de piscinas y fosas sin diseño técnico. La presencia de estas fuentes de contaminación ha generado daños a los ecosistemas, por lo que el gobierno ecuatoriano en a través de las carteras de Hidrocarburos y Ambiente planteó diversas acciones para la limpieza y rehabilitación de áreas afectadas como consecuencia de la operación hidrocarburífera mediante la aplicación de tecnologías ambientales in situ y ex situ. Y para monitorear el trabajo realizado estas dos Carteras de Estado, desarrollaron y reportaron el indicador “Porcentaje de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional en el cual se consideraban las piscinas y fosas como variables de medida. Para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021, se ha planteado un indicador similar, en el cual se incluyó derrames como parte de las variables a medir y se actualizó una nueva línea base al 31 de diciembre de 2017.

Respecto a la contaminación por sustancias químicas nocivas para la salud y el ambiente, el país ha realizado gestiones directas, además de apoyarse en la gestión de proyectos de cooperación. De esta manera, se ha logrado gestionar algunos de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) incluidos en el Convenio de Estocolmo. Entre los años 2014 y 2018 se implementó el Proyecto para la Gestión Adecuada de Bifenilos Policlorados (PCB), mediante el cual se lograron varios avances que ponen al país en posición de cumplir con los compromisos adquiridos de gestionar esta sustancia. Al ratificar el Convenio de Estocolmo; por ejemplo, se logró inventariar todas las existencias en desuso de este químico y desarrollar tecnologías de destrucción local de desechos hasta cierto nivel de concentración, así como también inventariar al 100% toda la provincia de Galápagos y retirar de ésta todos los equipos contaminados con PCB, nombrando a las Islas “Zona Libre de PCB”. Adicionalmente, se eliminaron todas las existencias inventariadas y contaminadas hasta el 2016 (137 toneladas de desechos), las cuales fueron exportadas hacia Europa para su destrucción.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente monitorea la calidad del aire en diez ciudades del país, a partir del parámetro Material Particulado (PM), así como dando seguimiento a la gestión de los residuos sólidos urbanos a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS). De igual forma, trabaja en acciones de remediamiento ambiental y social en relación a la calidad del agua y sedimentos en el Estero Salado a través del Proyecto de recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil: Estero Salado e Isla Santay (PRESIS). http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/12/PNGIDS-NOVIEMBRE-2017.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/ESTERO-SALADO-SEPTIEMBRE-2018.pdf

La Estrategia Nacional de Biodiversidad identifica entre los principales desafíos a superar a la ausencia y/o el escaso ordenamiento y estructuración de la información que poseen las instituciones públicas reguladoras de actividades económicas y rectoras de políticas públicas. También, la implementación y el desarrollo de tecnologías limpias para la reducción y prevención de la contaminación en los procesos industriales. Se requiere mayores exigencias y control a las empresas, así como la gestión de los Gobiernos Intermedios con relación a las competencias ambientales, manejo aguas servidas de la parte urbana, entre otros. Los agentes económicos (empresas, operadores, industria) requieren de mayor información y empoderamiento de los preceptos contenidos en la Política Pública de Reparación Integral (Restauración, Compensación, Indemnización, No repetición de las causas de daños y pasivos ambientales) para que actúen en consecuencia. Solamente así será posible que no se generen procesos de contaminación y formación de pasivos ambientales.

La ciudadanía por su parte, aún requiere generar un mayor nivel de conciencia e involucramiento a través de acciones y proyectos de gestión conjunta para prevenir la contaminación y participar en la reparación de pasivos ambientales. Los cambios profundos en los modelos de producción y consumo son fundamentales y aún se espera una respuesta desde el sector productivo y la sociedad civil para lograr una producción limpia y un consumo responsable. El proceso de descentralización de competencias en esta materia requiere fortalecer espacios y estructuras de coordinación entre todos los actores públicos y privados, niveles de gobierno y ciudadanía, para optimizar los procesos de prevención, alertas tempranas, control de la contaminación, para lograr reducir los casos en donde se requiera llegar hasta la reparación.