3: Incentivos negativos y positivos
Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio y otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. |
A. Descripción de como el Ecuador ha contribuido al logro de esta Meta de Aichi |
La Constitución de la República establece que la política fiscal tendrá como objetivo específico, entre otros, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados además de la generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables (Art. 285). A partir de este precepto constitucional se ha venido desarrollando un importante marco jurídico favorable al desarrollo de incentivos a la protección, uso sostenible y restauración de la biodiversidad:
La Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce a entidades públicas como BanEcuador, la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Desarrollo del Ecuador, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Industrias y Productividad y los Gobiernos Intermedios, como implementadores de distintos mecanismos de incentivos. Algunos contribuyen positiva pero indirectamente sobre la Biodiversidad: líneas de crédito para atender aspectos agrícolas, pecuarios y pesqueros, reconversión productiva, riego parcelario, semillas mejoradas, ganadería sostenible, agricultura familiar campesina, sistemas productivos agro biodiversos, café y cacao, forestación y reforestación con fines comerciales, entre los más importantes. Por otro lado, destacan incentivos directos favorables a la conservación de la Biodiversidad tales como el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del Patrimonio Natural: capítulo conservación de bosques, páramos y manglares (Socio Bosque); restauración ecológica; manejo forestal; biocomercio; adjudicación de tierras del Patrimonio Forestal del Estado y bosques y vegetación protectores; reconocimiento y valoración de los servicios ambientales; aplicación y articulación de incentivos tributarios vigentes en la ley. Las carteras de Estado en los sectores de Ambiente y Agricultura coordinan la implementación del Plan Nacional de Forestación y Reforestación (2013), en cuyo marco se ejecuta el Programa Nacional de Reforestación con fines de protección y de restauración ecológica. Este plan tiene tres orientaciones principales:
Entre ambas carteras y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se logró la aprobación de dos proyectos, con financiamiento de donación internacional no reembolsable:
Estos dos proyectos conforman el “Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible”, a ser ejecutado conjuntamente por los dos Ministerios y el PNUD. El programa busca vincular los esfuerzos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con las agendas prioritarias del país y las políticas de los sectores productivos para reducir las causas y agentes de la deforestación, así como promover un manejo sostenible e integrado de los recursos naturales, en el marco del Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” 2016-2025 y fortalece las acciones del Agenda de Trasformación Productiva Amazónica y el Programa Socio-Bosque. Por otro lado, existen experiencias de sistemas participativos de garantías que aglutinan redes de productores agrobiodiversos y agroecológicos que pueden ser recogidas desde el Estado como mecanismos alternativos para la implementación de las políticas de fomento productivo. Varias Carteras de Estado implementan políticas y programas de incentivos que podrían complementarse. A pesar de los avances en la coordinación interinstitucional, el reto es llegar a una efectiva articulación de incentivos, de manera que sea posible una costo-efectiva, coherente y sinérgica implementación de la política pública de incentivos en favor de la Biodiversidad. |
B. Describa otras actividades que contribuyen al logro de ésta la Meta de Aichi |
El Programa Integral Amazónico ambiciona cambiar paradigmas en diferentes niveles: a nivel comunitario, coordinando enfoques de planificación territorial, promoviendo la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles, productivas y sin deforestación, fomentando el manejo forestal sostenible, la conservación y restauración en áreas forestadas, apoyando la aplicación de la reglamentación vigente y sistemas de trazabilidad; a nivel nacional, mediante el fortalecimiento de la colaboración y coordinación entre entidades gubernamentales, así como con el sector privado (principalmente cadenas de valor relacionadas a aceite de palma, ganado, café y cacao), y reorientando los 1,4 mil millones de dólares de subsidios agrícolas existentes del gobierno hacia prácticas más sostenibles; a nivel internacional, vinculando explícitamente el desempeño ambiental y las políticas comerciales en el contexto de la implementación del tratado de libre comercio firmado por el Ecuador con la Comisión Europea en 2016. También se harán vinculaciones con las empresas firmantes de la declaración de Nueva York sobre bosques y otras iniciativas relacionadas, apuntando a eliminar la deforestación de su cadena de valor para 2020.
Desde la perspectiva de política pública en esta materia, es importante mencionar que el Registro Oficial No. 387, de noviembre del 2015 publicó el Acuerdo Ministerial No. 140 mediante el cual el Ministerio del Ambiente expidió el marco institucional para incentivos ambientales “Punto Verde”. El objetivo general de este instrumento fue regular el otorgamiento de incentivos honoríficos en materia ambiental a personas naturales y jurídicas del sector público y privado que operen dentro del territorio nacional y que tengan como objeto fomentar el uso de los bienes y servicios ambientales de manera sostenible, así como el desarrollo de los medios que permiten su alcance, como la innovación, transferencia de tecnologías, y en general cambio de patrones de producción y consumo. |