Se publica documento que permite conocer más sobre el Acuerdo de Escazú
El Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Defensoría del Pueblo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) de Costa Rica y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desarrollaron un seminario que tuvo como objetivo fomentar el aprendizaje y la colaboración en torno a los retos que plantea la generación, divulgación y acceso a la información sobre la biodiversidad en el marco del Acuerdo de Escazú y los estándares internacionales de transparencia.
Producto de ese evento se publicó el documento “Desafíos regionales en el marco del Acuerdo de Escazú: gestión de la información sobre biodiversidad en países megadiversos”, donde se abordan las generalidades del Acuerdo, con énfasis en la gestión de información sobre biodiversidad, así como el derecho al libre acceso de la misma. Igualmente, se presenta la importancia del fortalecimiento de capacidades y la cooperación Sur-Sur como base para el abordaje de las experiencias de gestión de información sobre biodiversidad de Costa Rica, México y Ecuador.
Asimismo, el seminario abordó diversas visiones sobre la importancia del Acuerdo para avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información sobre biodiversidad, la evolución de las prácticas de gestión de la información sobre biodiversidad en Costa Rica, México y Ecuador, y cómo desde el enfoque de cooperación del Acuerdo se plantean oportunidades que permitan fortalecer su implementación.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional vinculante que establece a los Estados Parte una serie de estándares mínimos relacionados con los derechos de acceso –o derechos procedimentales ambientales- y con la protección de defensores de derechos humanos ambientales. En lo relacionado con su pilar de información ambiental, plantea las condiciones que deben observar los Estados para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información ambiental (dimensión pasiva); así como también, la obligación de generar información sobre el medio ambiente y su divulgación pública (dimensión activa).
La garantía de este derecho de acceso a la información debe considerar, además, condiciones especiales para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en particular pueblos indígenas y grupos étnicos, que les permita un acceso efectivo a la información, con oportunidad, en formatos y lenguas que permitan su comprensión y uso. Para una región como América Latina y el Caribe, la información sobre biodiversidad representa no sólo un factor clave para la gestión del recurso con fines de conservación, sino también, una condición estratégica que permita transformar las matrices productivas y aprovechar la biodiversidad. Esta transición de un modelo primario exportador hacia uno basado en la bioeconomía, que agregue valor a la biodiversidad, y sus componentes, es un reto que los países de la región deberán asumir a futuro. En particular, esta transición resulta primordial de cara al escenario de recuperación post COVID-19 que demandará modelos de producción y consumo más responsables, más sostenibles, y más verdes, con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza.
El acceso a la información, de manera oportuna, comprensible y adecuada, se constituye en una herramienta que permite entender las dinámicas y relaciones entre el ambiente y el desarrollo. En relación a la biodiversidad, es importante considerar que la información no sólo debe crearse para conservar el recurso o para democratizar el conocimiento; la información debe servir fundamentalmente para que los tomadores de decisión cuenten con evidencia para generar y evaluar política pública, para tomar decisiones empresariales que minimicen el riesgo e impacto sobre ecosistemas, o para que los jueces tengan elementos para la judicialización de delitos contra la vida silvestre y fundamenten sus sentencias con evidencia científica.
La gestión de información sobre biodiversidad, sobre todo en países megadiversos, implica contar con marcos normativos fuertes y estrategias de largo plazo, que permitan institucionalizar procesos y generar condiciones de manera progresiva para que los sistemas de información y las bases de datos sean robustas y confiables. Si bien los mecanismos de facilitación permiten contar con datos e indicadores de evaluación, también es importante reconocer que hay limitaciones en la generación de información -sea por recursos, capacidades, etc.- lo que implica necesariamente avanzar en la articulación de alianzas con los generadores de datos. Un ejemplo de estas articulaciones, el INABIO se encuentra desarrollando la Base Nacional de Datos de Biodiversidad, como una herramienta de presentación de datos abiertos de biodiversidad.
En este escenario futuro, tanto la generación de información como la forma en que ésta se gestione permitirá articular procesos a nivel nacional y regional. En el ámbito nacional, la disponibilidad y uso de información abonará a que la conservación y gestión del recurso sea participativa, principalmente con las comunidades que se asientan en los territorios que contienen ecosistemas ricos en biodiversidad; pero también, que se haga una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de esa biodiversidad. Es fundamental reconocer la importancia de una participación informada en las políticas públicas y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.
El estudio está publicado en la página web de CEPAL:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47769/1/S2100845_es.pdf
El INABIO es una institución que busca generar conocimiento y desarrollar ciencia, tecnología e innovación que requiere el Estado ecuatoriano para garantizar la conservación de su patrimonio natural mediante el uso soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad y sus componentes para la consolidación de la sociedad del buen vivir. De manera sinérgica, el fortalecimiento de programas y proyectos de investigación, junto a la Academia, permiten alcanzar objetivos nacionales estratégicos detallados en la Agenda Nacional de Biodiversidad de Ecuador.
Unidad de Comunicación Social
Instituto Nacional de Biodiversidad, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
